Por: Dr. Rubén Sajem.

En su libro Las Ciudades Invisibles, el escritor Ítalo Calvino imagina una ciudad consagrada al consumo. Esta ciudad, que el autor llama Leonia , y que bien podría llamarse Buenos Aires, amanece cubierta por los restos de lo que se consumió el día anterior. Tubos de dentífrico aplastados, lámparas quemadas, periódicos, envases, materiales de embalaje, botellas, teléfonos, zapatos y hasta enciclopedias y pianos, junto a las cosas en las que nadie quiere pensar, esperan cada día en bolsas de plástico que pase el camión recolector de residuos.

En los recientes debates en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en oportunidad de tratar la adhesión a la Ley Nacional 26.567 (dispensa exclusiva de medicamentos en farmacias) quienes defendieron la venta de medicamentos en kioscos se presentaron como defensores de los consumidores. Trataron de justificar su postura en función de una supuesta mejora en el acceso a la salud para "el público consumidor de medicamentos”.

La notable pobreza argumentativa de algunos diputados que procuraban que los medicamentos se vendan casi en cualquier lado, se sostenía en que una regulación excesiva podría perjudicar a los consumidores y desalentar el proceso de competencia, en el que el consumidor es el que elije. No importó que se ofrecieran evidencias de que los medicamentos que se venden fuera del circuito legal se cobran a un precio mucho más alto, con lo que se desvirtúan los efectos de esa supuesta competencia.

Se sostuvo que, en última instancia, el que debe elegir siempre es el consumidor.

No importó tampoco que se demostrara que las farmacias pueden dispensar medicamentos a toda hora y prácticamente en cualquier lugar, garantizando a la vez su legitimidad y el asesoramiento adecuado. En definitiva, se terminó sosteniendo que el que elige donde comprar debe ser siempre el consumidor.

Incluso, antes de vetar la ley de dispensa exclusiva en farmacias, el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, encargó una encuesta. ¿Dirigida a quién? A los consumidores.

 

DE CIUDADANOS A CONSUMIDORES

¿Cuando nace esta tendencia, o por lo menos, cuando se inscribe en nuestras normativas legales la figura del consumidor? Es en la reforma de la Constitución Nacional de 1994, cuando aparece por primera vez, entre los nuevos derechos y garantías, en el artículo 42, la figura del consumidor con rango constitucional:

Art. 42 .- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Y no es que esté mal enunciar los derechos de los consumidores. Pero los sujetos de los derechos constitucionales parecen no ser solamente ahora los ciudadanos, sino también los consumidores. No se está enunciando en este artículo que todos los ciudadanos tengan este derecho a la protección de su salud, ni tampoco que todos los ciudadanos sean consumidores, ni se aclara en qué medida éstos sustituyen a aquellos. Son derechos que nacen de la relación de consumo y para los que son consumidores, que tienen derecho a elegir dónde y qué consumir, cuando pueden elegir.

El texto redactado por los constituyentes se limita a remitir el derecho a la salud, en términos de derechos ciudadanos, a los pactos y convenciones internacionales incorporados en el Art. 75 inc. 22.

Posteriormente, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también incluyó un artículo que garantiza los derechos del consumidor, y que protege su salud y su libertad de elección. Este Art. 46 ordena también dictar una ley que regule la propaganda que pueda promover la automedicación, norma que por alguna razón aún está demorada.

No está mal defender los derechos del consumidor, pero así como un síntoma en apariencia leve puede ocultar una dolencia grave, la invocación enfática de estos derechos podría estar ocultando el abandono de las obligaciones del Estado con los ciudadanos.

Al reemplazar la atención sanitaria por una simple operación de compraventa, se pretende que el consumidor decida sin asesoramiento y sin poder evaluar los riesgos, ya que se le ocultan los efectos adversos de los medicamentos y se lo induce a consumir los más publicitados.

Poniendo en primer término los derechos del consumidor, se puede simular que se atiende a las necesidades sanitarias, mientras se esquiva a todos los profesionales de la salud que pueden aportar su conocimiento y algo de racionalidad ante el consumo desmedido de medicamentos.

Si se continúa con esta tendencia, posiblemente se encuentren entre los residuos de las ciudades consagradas al consumo, y que desatienden sus necesidades sanitarias, cada vez más envases vacíos de medicamentos, usados muchas veces sin control, sin necesidad y poniendo en riesgo la salud.

 

Dr. Rubén Sajem
Presidente Sección de Farmacéuticos
Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal