Por: Farm. Rubén Sajem.

En el territorio de la Capital Federal, el problema de la venta de medicamentos en kioscos viene desde hace más de dos décadas. El origen, lo que le dio marco legal, por lejano e inverosímil que pueda parecernos hoy, fue el decreto 2284 de desregulación económica, sancionado el 31 de octubre de 1991.

Este decreto, promovido e impuesto en ese momento desde el Ministerio de Economía, permitió la venta de medicamentos en kioscos. En sus considerandos, en forma textual, temeraria, impune, apresurada, irresponsable, imprudente y ocultando los verdaderos intereses que había detrás de la decisión que se tomaba, el decreto proclamaba que era necesaria la venta en kioscos con el objeto de aumentar la competencia de mercado en aquellos productos o especialidades medicinales de venta libre, para abaratar los precios y beneficiar al consumidor. Nada de esto se consiguió.

Pero nos haya gustado o no, esto fue ley, y en su momento fue de aplicación inmediata y directa en la Capital Federal;  y esto nos salpicó a los farmacéuticos de todo el país, porque en este distrito es donde está más expuesta y a la vista nuestra actividad profesional.

Los medicamentos llamados de venta libre comenzaron a venderse sin control sanitario en cualquier establecimiento comercial. Fue práctica usual durante más de veinte años. Durante más de dos décadas, fue legal.

La ley que le puso fin a esta imprudencia fue la 26.567, sancionada el 25 de noviembre de 2009 y promulgada de hecho el mes siguiente. No obstante, esta ley nacional apenas sancionada fue frenada en su aplicación por amparos judiciales, costeados por quienes promueven la venta en kioscos, contra los que nuestras instituciones farmacéuticas debieron de nuevo dar batalla, ahora en la justicia. Las diversas presentaciones judiciales consiguieron frenar el cumplimiento efectivo y pleno de la ley cinco años más.

Finalmente, en noviembre de 2014, en base a presentaciones de las instituciones farmacéuticas, representadas por la Confederación Farmacéutica Argentina, una Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires reafirmó la vigencia de la ley nacional 26.567, resolviendo definitivamente que todos los medicamentos deben dispensarse exclusivamente en las farmacias, bajo supervisión de un farmacéutico.

Desde octubre de 1991, a noviembre de 2014, pasaron veintitrés años.

El abogado que defendió los intereses de los farmacéuticos fue el prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay. El esperado fallo judicial demolió todos los argumentos de los kiosqueros y le dio la razón a un dictamen elaborado por el Dr. Sabsay, que toma como prioritario el derecho a la salud, que las leyes deben proteger. El fallo sienta un importante precedente: se deberá aplicar siempre la ley que mejor proteja el derecho a la salud, que tiene una jerarquía superior y debe ser resguardado.

Desde nuestro Colegio de Farmacéuticos de la Capital Federal nunca nos mantuvimos quietos, hicimos una cantidad de denuncias y presentaciones formales, judiciales y administrativas, por la venta ilegal de medicamentos fuera de las farmacias. Necesitábamos la herramienta legal que este fallo judicial nos devuelve con plena vigencia, y que ahora obligará a que se atiendan nuestros trabajos de pesquisa y denuncia ante los desvíos de lo que ordena la ley nacional 26.567. Ahora ya tenemos habilitada la herramienta legal y la usaremos: esto es un delito penal. Ya tenemos listas las denuncias y pronto llegarán los primeros operativos y clausuras.

Veintitrés años después, podemos decir que se hará justicia.

 

Farm. Rubén Sajem – Presidente de la Sección de Farmacéuticos del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal (COFyBCF)

Contacto: r_sajem@yahoo.com.ar

 

Dr. Daniel Sabsay, abogado constitucionalista; Dr. Rubén Sajem, Presidente Sección de Farmacéuticos- COFyBCF